Sostenibilidad: Actividad 2: IRD

1- ¿Qué es un IRD?

Un IRD o Índice de Riesgo de Desastre es un análisis de riesgos naturales que se elaboran en los distintos países para cuantificar la probabilidad de que ocurra un determinado suceso. Es decir, localiza las zonas más propensas a sufrir catástrofes naturales tales como terremotos, tornados, inundaciones etc. En este análisis se tienen en cuenta muchos factores. Primero la probabilidad de que una zona determinada sufra un desastre natural, que dependerá de su localización, proximidad a ríos, fallas tectónicas, la lejanía respecto al mar etc. Después se analizan los riesgos potenciales, es decir, las consecuencias que podría tener que sucediera el fenómeno predicho, lo cual dependerá de lo poblada y desarrollada que esté la zona estudiada. Si una ciudad se asienta en una zona potencialmente peligrosa, una catástrofe sería desastrosa. Sin embargo, en una montaña, las consecuencias son menores. Por tanto influyen en el análisis tanto factores sociales como económicos.

2- ¿Quién se encarga en España de elaborar los IRD?

Este tipo de informes son elaborados por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España. Este organismo público es el encargado puesto que de sus informes dependen en gran medida las decisiones políticas que se tomen al respecto en un futuro y los políticos se basarán en parte en sus opiniones y consejos. Se hace por tanto necesario la existencia de un instituto como éste, riguroso y con un alto grado de especialización debido a la responsabilidad que ostentan.

3- ¿Por qué en la mayoría de los casos no se llevan a cabo?

Porque no interesa a ayuntamientos y promotores inmobiliarios. Además, este instituto (IGME) no cuenta con un alto presupuesto ni apoyo suficiente estatal como para elaborar los informes necesarios para toda España. Se calcula que existen informes de tan sólo un 10% de la península. A los constructores no les conviene puesto que una zona de riesgo potencial queda inutilizada para su edificación y ello conlleva una reducción en sus beneficios. Los ayuntamientos actúan a merced de los constructores puesto que ellos les reportan innumerables beneficios en lo que a impuestos respecta (eso sin mencionar las supuestas primas ilegales que se descubren en el mercado inmobiliarios). Ambos tratan de evitar que se hagan estos informes y que se difundan, ya que los posibles compradores pueden echarse atrás y no adquirir una vivienda si descubren que se encuentra en una zona de riesgo. Incluso cuando se llevan a cabo, la mayoría de las autoridades les hace caso omiso, puesto que estos informes no son vinculantes.

4- ¿A quién beneficia que no se elaboren informes de catástrofes o que no se den a conocer?

Principalmente a ayuntamientos y promotores, que son quienes se benefician de ese desconocimiento para maximizar sus beneficios todo lo posible, incluso al límite de la legalidad. Incluso aunque se demuestre la culpabilidad del alcalde y falta de responsabilidad, ello no conlleva una pena de cárcel. A la mayoría de los políticos no les convienen estos informes, ya que limitan su libertad para actuar según les convenga en sus políticas urbanísticas.

5- En el artículo se hace referencia a la trágica muerte de 87 personas en el camping Las Nieves de Biescas. Explica qué es lo que sucedió y si pudo ser evitable.

En la tragedia de Biescas 87 personas perdieron la vida debido a que hubo una inundación torrencial, que redujo a la nada un camping en la provincia de Huesca. El camping se encontraba en la desembocadura del torrente del río Gallego, que se desbordó y afectó duramente al camping, el cual quedó completamente destruido.

Podría haberse evitado puesto que existían informes que ponían en entredicho la construcción de ese camping, tanto por parte del IGME como por parte de la Administración, pero los responsables políticos no les hicieron caso alguno y, al final, tuvo lugar la catástrofe.

6- ¿Qué beneficio se obtiene de recalificar unos terrenos como urbanizables a pesar de los informes de riesgo?

Se obtiene un claro beneficio económico, puesto que dichos terrenos suelen ser baratos y al recalificarlos aumentan exponencialmente su valor. De este modo los constructores obtienen jugosas revalorizaciones del suelo con la colaboración del ayuntamiento. Después edifican en esos terrenos y venden viviendas en una zona potencialmente peligrosa, pero aprovechándose del desconocimiento popular les ponen un precio alto, lo que les reporta grandes plusvalías respecto al precio de origen. El ayuntamiento a su vez logra tener a las empresas constructoras de su parte y de paso ingresa más impuestos para llevar a cabo sus propios proyectos.